
Este miércoles 18 de junio, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Julio César Moreno Rivera del partido Morena, aprobó el dictamen con proyecto de decreto para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional y abrogar la norma anterior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.
Este dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 22 votos a favor provenientes de las diputadas y diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), frente a siete votos en contra de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que dos diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvieron.
El documento tiene su origen en una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca armonizar el marco jurídico secundario con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024.
Según las declaraciones del diputado Moreno Rivera, “se reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada con personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, comentó el legislador.
Esta reforma además persigue que las acciones de la Guardia Nacional se alineen con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública diseñada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y aprobada por el Senado.
Los integrantes de este cuerpo deberán contar con el Certificado Único Policial y aprobar programas de formación y profesionalización en materia policial, ordenados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El dictamen también modifica diversas leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los códigos en materia penal militar. Entre las modificaciones se plantea que los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional sean sancionados bajo la jurisdicción correspondiente, ya sea militar, federal o común, para evitar impunidad y garantizar un marco disciplinario riguroso.
Asimismo, se introduce un capítulo sobre delitos especiales en la legislación penal militar, estableciendo penas específicas para las infracciones cometidas por el personal de la Guardia Nacional.
Posturas en contra del dictamen de la Guardia Nacional
Desde el PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo calificó la reforma como incongruente con las leyes existentes y criticó que no hubiera sido turnada a la Comisión de Defensa Nacional para revisión.
Por su parte, el diputado Emilio Suárez Licona del PRI señaló que el dictamen representaba un avance hacia la militarización de los cuerpos policiales, lo que, a su juicio, viola derechos humanos y contraviene principios constitucionales.
El diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) y la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) advirtieron sobre los riesgos de concentración de poder en la Sedena y su posible impacto en las libertades democráticas.
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